Gran impacto provocó en la sociedad chilena la noticia del escabroso ataque cometido en Coyhaique contra Nabila Rifo Ruiz, caso que está en plena investigación y que ha sido tipificado como “femicidio frustrado”, es decir, como un crimen que se caracteriza por el odio de género de origen machista.

La Presidenta de la República se ha pronunciado señalando que se tomarán todas las medidas necesarias y SERNAM ha tomado un papel en el proceso. El repudio social es amplio y el caso ocupa titulares de los medios de comunicación. Sin embargo, existe un vacío significativo en esta discusión que oculta unas condiciones que merecen ser tratadas si es que se pretende abordar seriamente cambios orientados a la igualdad de género y al respeto amplio de los derechos humanos.

En los últimos años, el Estado ha adoptado unas medidas necesarias que han venido a la saga de la demanda social que, a través de constantes presiones, ha impulsado cambios a niveles públicos. El cambio político y cultural que resulta de las modificaciones continuas en las relaciones sociales (con la cada vez más amplia incorporación de la mujer al mundo asalariado, la ampliación en el acceso a la educación, la participación pública creciente de la mujer, entre otros factores), exigen un cambio en la conciencia social y también reclama transformaciones urgentes en las políticas del Estado que abran caminos efectivos a estas crecientes exigencias. En este sentido, las políticas públicas son todavía insuficientes y carecen de importantes actos de coherencia.

Los dirigentes políticos parecen olvidar que hay ámbitos de esta problemática que afectan directamente a la promoción de la igualdad de derechos. Así, es inaceptable que, a esta altura del tiempo, sea el propio Estado el que contemple relaciones políticas extemporáneas con las instituciones religiosas, particularmente con la Iglesia Católica. Y también es inaceptable que siga amparando las atrocidades cometidas por la dictadura contra miles de mujeres, causas que permanecen impunes y en las que no se reconoce, por ejemplo, la violación como una forma de tortura implementada contra miles de mujeres y desde una política represiva del Estado.

¿Cómo puede entenderse un Estado moderno si éste valida “moralmente” una autoridad religiosa que pretende impedir la ampliación de los derechos de la mujer? Así es, puesto que, en la actualidad, las instituciones religiosas dictan pautas morales que se traducen en límites conservadores a las políticas públicas, desde un credo que concibe a la mujer como ser inferior y subordinado a la figura del hombre. Aún hoy siguen siendo capellanes de la iglesia los que bendicen las armas de las tropas; las instituciones del Estado siguen consultando a la iglesia sobre cuestiones de interés público bajo el pretexto de una supuesta autoridad moral, ajena al principio elemental de separación del Estado y la iglesia. No bastando con ello y entre otras cosas, el Estado financia y delega su función educadora a instituciones doctrinarias, muy alejadas de los cambios necesarios sobre derechos de la mujer e igualdad de género.

Femicidio - Tortura en Dictadura

Por otra parte, somos testigos del silencio y de la impunidad oficial sobre los crímenes cometidos por el Estado bajo dictadura, hechos que se registran como los más atroces y masivos crímenes de género, cuyas consecuencias se prolongan en el silencio y la impunidad actuales. Resulta perturbador que las características del atentado contra una joven mujer nos recuerden que lo mismo fue practicado por agentes del Estado contra muchísimas mujeres de todas las edades, las que también fueron violentadas sexualmente, tratadas de un modo bestial y humilladas en función de su condición de mujer, y que esto, además, haya sido ejecutado con premeditación y alevosía, desde el Estado y con sus recursos. ¿No afecta, acaso, esta realidad evidente –pero bien encubierta por el poder- al desarrollo de la conciencia del país y, sobre todo, de sus nuevas generaciones?

Las violaciones a los derechos humanos cuentan una larga lista de atrocidades sistemáticas contra la mujer. No sólo se trata del silencio y de la impunidad general sobre las violaciones a los derechos humanos, puesto que –en el ámbito que tratamos- ha habido todavía más silencio y más impunidad. Si el Estado sigue practicando el encubrimiento y la impunidad sobre crímenes masivos contra la mujer, entonces, ¿cómo pretende llevar a cabo los cambios que declara? El desprecio contra la mujer y el ejemplo que ofrece al validar la aplicación masiva del femicidio y de abusos indecibles basados en la discriminación de género, contradicen los principios que declara defender.

Las características horrorosas del hecho de sangre que hemos podido conocer en titulares amarillistas y en discursos políticos, nos alertan y nos deben conducir a una discusión pública más seria, la que está lejos de ser correspondiente con las actuales políticas y de ser atendida por los solos llamados generales a reconocer la dignidad de la mujer.

Eduardo Ampuero

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