No es primera vez que el Estado de Chile le declara la guerra a sus propios súbditos. Quienes históricamente han controlado el Estado y sus instituciones, es decir, quienes se han valido de él para legalizar lo que han impuesto como su derecho a la explotación de los asalariados, su derecho al libre usufructo de la propiedad privada, su derecho a la apropiación del producto social del trabajo y de los bienes naturales, se vuelven a valer del monopolio de violencia que el Estado mismo es, para defender sus privilegios de clase. Han sido guerras cobardes. Guerras donde militares provenientes de familias pobres, pero comandados por militares provenientes de familias acomodadas o ricas, han apuntado sus fusiles contra trabajadores, cesantes y estudiantes desarmados. No es casual que las retóricas que han justificado estas vergonzosas guerras se igualen entre sí: “recuperar el orden”, “proteger la propiedad privada”, “salvaguardar el Estado de derecho y la democracia”. Así como no es casual que las víctimas de la represión estatal sean una y otra vez los mismos sujetos sociales: trabajadores, cesantes, estudiantes, pobladores. Cada gobierno que ha conducido estas guerras miserables, ha utilizado la misma retórica para referirse a ellos: delincuentes, enemigos del orden, lumpen, violentistas, anarquistas y cómo no, comunistas. Y cada uno de estos gobiernos ha dado la misma razón para justificar la violencia del Estado contra su propia población: “ellos, los (violentistas) enemigos del Estado de derecho, atentan contra el orden imperante, contra la legalidad y las instituciones y la democracia”. Y tienen profunda razón en ello, pues contra lo que han peleado históricamente estos sujetos sociales y también hoy, es precisamente contra el Estado, orden imperante, legalidad, instituciones y democracia de la clase dominante. Es decir, contra:

a) la esencia del Estado de derecho que favorece sistemáticamente a la clase dominante (a través del derecho de libre usufructo de la propiedad privada y de la legalización de la explotación asalariada),

b) contra un orden de relaciones de propiedad donde el Estado de derecho, al someter a todos sus ciudadanos por igual al principio de la libertad individual e igualdad ante la ley, es decir, ante sí mismo, solo favorece a quienes, de hecho, ya se encuentran en ventaja económica sobre el resto, y a su vez, encubre el hecho de que quienes participan de la vida económica de la nación, persiguen intereses antagónicos: los propietarios las ganancias –y su maximización–, y los asalariados, solo salario.

c) contra la legalidad que asegura que la legalización de la explotación asalariada sea supervisada por el Estado, y cuya expresión inmediata es el contrato de trabajo, que crea, al menos, tres ficciones: a) igualdad entre las partes, b) que existe un intercambio equivalente de valores, y que, c) ambas partes gozan de iguales derechos. (Por cierto, de paso, el Estado asegura qué parte de la explotación le corresponde para sus fondos fiscales.)

d) contra las instituciones represivas y diciplinantes que sistemáticamente han defendido los intereses de la clase dominante y los del Estado, en contra de los intereses del resto de los ciudadanos.

e) contra la democracia imperante, sobre la cual baste decir que es profundamente dictatorial y cuyos administradores profesionales han hecho caso omiso de todas las demandas ciudadanas y han administrado y mantenido una legalidad represiva. 

Manifestación en Plaza Italia
No estamos en guerra
Plaza Italia en Santiago de Chile. Concentración que congregó a más de 1 millón de personas, según cifras oficiales (Fuente:
https://www.altagraciaviva.com.ar/la-marcha-mas-grande-de-chile-congrego-a-un-millon-de-personas/ ).

Nadie en su sano juicio pondría en duda que la expresión formulada por el presidente Sebastian Piñera “nos encontramos en guerra”, para referirse al levantamiento ciudadano, es tan irresponsable, como idiota. Irresponsable porque la primera consecuencia de ello es la creación de un marco legal para la represión, encarcelamiento y asesinato de ciudadanos. Idiota, porque la asimitría de los enfrentamientos es evidente ‒cómo si la semetría entre las partes hubiese sido alguna vez criterio para definir guerra‒: militares y policias fuertemente armados contra civiles indefensos. Y sin embargo, esta frase no deja de ser sintomática, expresión de una derecha violenta y prepotente, pero también temerosa de perder el orden impune de su poderío, control y explotación. Y es que cuando se observa la frase teniendo en consideración el poder multitudinario de la protesta social y el contenido de las demandas, aquella frase adquiere un profundo y oscuro sentido de verdad. La guerra real, aquella sobre la que el presidente y la derecha política y empresarial no hablan, es una histórica y profunda dicotomía estructural, una pugna irreconciliable entre la clase dominante y los explotados y empobrecidos asalariados sobre los que el Estado reclama su poder. La enorme ira y la transversalidad de este fuerte levantamiento social, deja en claro que surge desde un interés común, que surge de las condiciones miserables e inestables de la precariedad laboral, de la falta de perspectivas, de la explotación impuesta por una clase impune que ha visto aumentado su capital en la misma medida en que, del otro lado, la población se empobrece hasta el límete de lo soportable.

El terrorismo de Estado consiste en eso: en imponer, mediante la violencia, un acuerdo entre partes donde sola una de ellas se ve beneficiada, precisamente a través de la ficción de que ambas son iguales, la ficción de que en la participación económica de la nación, ambas partes reciben lo que les corresponde.

¿Qué le podemos arrebatar a quienes ya lo han arrebatado todo para sí mismos? Pues todo! Porque nada de eso les pertenece. La riqueza de la que profita la clase capitalista y el Estado con ella, proviene del producto social del trabajo de quienes sí trabajan: de los asalariados, de los productores inmediatos, de quienes producen.

Es al calor de un levantamiento ciudadano como el que presenciamos hoy en Chile, cuando se vuelve más evidente que nunca, que la legitimidad del sistema imperante se mantiene solo a través de la violencia. La miserable y diaria violencia estructural que proviene de la exclusión económica y la explotación a la que están sometidos la mayoría de los ciudadanos, ahora muestra su cara real: es una lucha de clases con intereses antagónicos e irreconciliables. Entre asalariados profundamente precarizados y excluidos del producto social del trabajo, por un lado, y capitalistas que se valen del poder jurídico sobre la propiedad, otorgado por el Estado y mantenido por la violencia de este, por otro.

¿Alguien pondría en duda el carácter selectivo y clasista de la violencia explícita que el Estado ha puesto en marcha contra quienes se han revelado contra la explotación capitalista y sus efectos?

Largos años se ha resistido la explotación y exclusión económica, ahora cabe luchar!

LETRA & CLASE

Revista política de edición trianual

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SoweluDebatesNacionalOpiniónNo estamos en guerra
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